Unicaja encarga a Deloitte la formación de sus empleados para cumplir con la LCCI

Unicaja ha contratado los servicios de Deloitte para realizar el programa de formación de sus empleados y así cumplir con la nueva Ley 05/2019 reguladora de los contratos de crédito Inmobiliario (LCCI) que entra en vigor el 16 de junio.

El programa incluye la formación gradual de 5.000 empleados de Unicaja Banco (de los 6.850 empleados medios que tiene, según datos públicos a 31 de marzo de 2019), tal y como ha confirmado el banco a MERCA2. En definitiva, el 73% de la plantilla de la entidad andaluza. La finalización de todo el proceso de formación de los empleados correspondientes de Unicaja Banco está prevista para marzo de 2020, dentro también de los plazos legales establecidos. Y es que la vida sigue tras la frustrada fusión con Liberbank.

Un primer grupo de 2.000 empleados ha iniciado ya la formación para contar con su certificación este mes de julio. Esta avanzadilla actuará de supervisores para continuar prestando el servicio mientras el resto de empleados incluidos en el plan de formación alcanzan la acreditación, según el régimen contemplado en la Orden Ministerial ECE/428/2019, de 29 de abril, que desarrolla y regula los conocimientos y competencias en la citada ley.

[td_block_11 custom_title=»» separator=»» post_ids=»130721″ limit=»1″ css=».vc_custom_1496993590403{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;border-left-color: #000000 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000000 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000000 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000000 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}» tdc_css=»»]

El programa formativo va dirigido a los siguientes colectivos de empleados:

– Personal implicado en la decisión de concesión de préstamos inmobiliarios.

– Personal de la Red de Negocio que informa o comercializa préstamos hipotecarios.

– Personal que participa en el diseño de los sistemas de valoración del riesgo de crédito o diseño y desarrollo de productos de préstamos inmobiliarios.

El programa de formación es de 50 horas por empleado. La metodología es formación online, complementada con una sesión práctica también de forma virtual. Por tanto, el acceso está abierto las 24 horas. Unicaja se atiene a los acuerdos existentes con los sindicatos, por los que los empleados pueden realizarla dentro de su horario laboral o fuera, según sus preferencias. Una vez terminada la formación, se realiza el examen que permite obtener la certificación y cumplir con la ley. Para este proceso, la entidad andaluza ha contratado los servicios de Cecabank.

LÍNEAS MAESTRAS DE LA LCCI

La Ley 05/2019 reguladora de los contratos de crédito Inmobiliario (LCCI) entrará en vigor el próximo 16 de junio, aunque que la citada Orden Ministerial lo hará el 29 de julio. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 de marzo, casi un mes después de que la aprobara el Congreso y cuando ha pasado una semana desde que se recogiera en el Boletín de las Cortes. Precisamente, una de estas enmiendas de última hora concedió a las entidades financieras un mayor plazo para adaptarse a las novedades.

Así, a propuesta de PP y Ciudadanos, el Senado alargó los 30 días de plazo fijados inicialmente por el Congreso, elevando este plazo para su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. Esta modificación fue avalada después en el Congreso, con el respaldo de PP, Cs, PDeCAT, UPN y Foro Asturias.

La ley sirve para trasponer una directiva en la cual España acumula un retraso de tres años por el cual podría enfrentarse a una multa de 116 millones de euros

La ley sirve para trasponer una directiva en la cual España acumula un retraso de tres años, ya que el plazo para trasponer esta directiva acabó en marzo de 2016, razón por la que la Comisión Europea inició en su momento un procedimiento de sanción. Este puede derivar en una multa de 105.991,6 euros por cada día de retraso, más de 116 millones de euros en total.

Establece, entre otras cuestiones, el reparto de gastos entre la entidad financiera y el consumidor, un abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada, o el aumento de los meses de impago antes de que se ejecute un crédito.