Villamayor de Santiago (Cuenca). Allí, en su cementerio municipal, reposan los restos de Jesús Sánchez Martínez. En su lápida, una pequeña urna acoge la medalla que se le concedió, y debajo de la misma, un texto recuerda que fue víctima de un atentado de la banda terrorista ETA. Un daño colateral, ya que Jesús era conductor de la EMT, y se vio afectado por el coche bomba que la banda terrorista colocó para acabar con la vida del magistrado del Tribunal Supremo, José Francisco Querol Lombardero. También fallecieron el escolta y el conductor.
En total, y según el Ministerio del Interior, la banda terrorista ha dejado desde su fundación hasta su disolución el pasado 2 de mayo (en un comunicado reconoció el fin de ciclo y la disolución de sus estructuras), 7.625 víctimas, de las cuáles 864 acabaron falleciendo. Casi el 40% fueron civiles. ¿El resto? Guardias civiles, policías nacionales, militares y políticos.
Fue en 1968 cuando ETA reconoció su primer asesinato, concretamente el del Guardia Civil José Antonio Pardines. El último tuvo lugar en 2010, cuando tiroteó al policía francés Jean-Serge Nerin en suelo galo.
Las indemnizaciones por ETA
La extorsión, los atracos y los secuestros han sido las principales fuentes de recaudación de la banda terrorista a lo largo de sus seis décadas de sangre, dolor y sufrimiento. Según un estudio de Deusto, y entre 1973 y 2011, por estos métodos consiguió recaudar más de 160 millones de euros: unos 105 millones de euros por secuestros, algo más de 19 millones por atracos, y unos 37 por el conocido como impuesto revolucionario.
Unos 10.000 empresarios vascos fueron chantajeados. 37 millones de euros recaudó ETA por el impuesto revolucionario
El economista Mikel Buesa, en su libro sobre las finanzas de ETA, habla de más de 115 millones de euros recaudados entre 1978 y 2008. Y añade otra fuente de financiación: “Entre 1993 y 2002, tres cuartas partes de los fondos públicos que fueron a parar a manos del entorno organizativo de ETA procedían de los presupuestos del Gobierno Vasco”.
Años en los que unas 125.000 personas, según el libro de Buesa, tuvieron que abandonar el País Vasco por las amenazas terroristas y la opresión nacionalista. Años en los que alrededor de 10.000 empresarios fueron chantajeados.
Un daño físico y psicológico que durante estos sesenta años se ha traducido en unas indemnizaciones por encima de los 500 millones de euros, según un estudio que en su día hizo la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Según la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas (del año 2010), el baremo de indemnizaciones por atentados terroristas va desde los 250.000 euros en caso de fallecimiento hasta los 75.000 para una incapacidad permanente parcial. Si nos referimos a una gran invalidez, son 500.000 euros; por incapacidad permanente absoluta, 180.000; y por incapacidad permanente total, 100.000 euros.
De los 500.000 millones de euros anteriormente reseñados, unos 400 millones de euros tuvieron que ver con los daños causados en casas cuartel, sedes de partidos políticos, o empresas. Por ejemplo, reconstruir la T4 del Aeropuerto de Barajas tuvo un coste de más de 30 millones de euros, según el Consorcio de Compensación de Seguros. A esa cantidad hubo que añadir otros cinco millones de euros para indemnizar a los dueños de los vehículos que allí estaban aparcados. Hasta ese día (30 de diciembre de 2006), el Consorcio había destinado a este concepto 423 millones de euros desde 1971.
La prevención también supuso durante estas décadas un fuerte desembolso. Según el Gobierno Vasco, en guardaespaldas, vigilancia de edificios y sedes de partidos políticos, y el salario de los agentes antiterroristas de la Ertzaintza, destinaba cada año unos 225 millones de euros. Cantidad a la que habría que añadir los más de cien millones de euros anuales que el Gobierno Central se gastaba en escoltas privados.
Cantidades a las que habría que sumar las pensiones por viudedad, orfandad y en favor de padres cuyos allegados fueron víctimas del terrorismo de ETA y que desde el 1 de enero de 2018 están en 1.613,52 euros mensuales. En total, unos 25.000 millones de euros según el libro ‘La bolsa y la vida’ de diferentes autores.
