La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no parece dispuesta a seguir los pasos de sus predecesores, que convirtieron la capital en un coto para las empresas de seguridad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la U.D. Las Palmas, y ha marcado las diferencias con hechos y no sólo con palabras.
En una carta remitida el 11 de noviembre a Enrique Tomás, coordinador general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios -en respuesta a una una misiva enviada por el sindicalista en septiembre-, Cifuentes recordaba que los contratos vigentes con empresas de Ramírez como Marsegur, que han sido objeto de constantes varapalos por parte de las autoridades, se firmaron bajo la normativa vigente. Y que los problemas con la justicia reseñados por el sindicalista «no pueden ser tenidos en cuenta en los pliegos de contratación hasta el momento en el que estas resoluciones son firmes».
Enrique Tomás (STS): «Estas empresas aplican convenios que ya han sido tumbados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, pero que ya han sido recurridos ante el Tribunal Supremo para ganar tiempo ante las masivas demandas que les llegarán por parte de los trabajadores, y que acabarán con la desaparición de las mismas, lamentablemente, y con los mismos cobrando años después del Fogasa, en fin..»
Tomás insiste a menudo en que las empresas de Ramírez han facturado más de 250 millones de euros desde la llegada del Partido Popular al Gobierno.
En otra carta dirigida a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Tomás le rogaba terminar con las «empresas pirata» y evitar que Marsegur subcontratase su contrato a otra empresa de su cuerda, Sinergias de Vigilancia y Seguridad -«Muy posiblemente, la más ‘pirata’ en la actualidad», según el dirigente sindical-.
En la misma misiva al sindicalista, Cifuentes subrayaba que la Comunidad que preside, «ha dedicado todos sus esfuerzos en posibilitar que las condiciones económicas y sociales de los trabajadores que tienen derecho a subrogarse no se vean mermadas por la aplicación de la normativa laboral».
Precisamente por esto, Cifuentes explica que «se ha mantenido una reunión con sindicatos del sector en la que se les informó de los pasos que a este respecto se estaban llevando a cabo en los nuevos contratos de seguridad próximos a licitar y adjudicar«.
La Comunidad ha creado un comité técnico que ha estudiado las propuestas de sindicatos y organizaciones empresariales para aprobar el pasado 11 de noviembre las instrucciones a las que se han de sujetar los nuevos contratos de seguridad. ¿Los primeros en los que se aplicará? Los de los centros de cultura de la Comunidad de Madrid, así como los de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
En diciembre, en el mismo sentido, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó resolver el contrato de servicios para la vigilancia de las dependencias de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por casi un millón de euros, IVA incluido.
En Canarias sigue siendo el rey
En sentido contrario, la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas acaba de anunciar un contrato de vigilancia sin armas en el edificio de la sede conjunta de las direcciones provinciales. Con un presupuesto base de licitación de 311.455 euros, Marsegur se lo llevó por 261.727 euros.
Marsegur siempre argumenta que su administrador único es Antonio Redondo, un antiguo empleado de Prosegur. Aseguran que la empresa sólo está vinculada a Seguridad Integral Canaria, de Miguel Ángel Ramírez, a través de la patronal de seguridad Acosepri, de la que forman parte otras dos empresas, Power Sic y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
Según datos de Infoempresa, la apoderada mancomunada de Marsegur es Gladys Jesús Acosta, quien también es, a día de hoy, administradora única de Mar Asesores y Consultores, una compañía en la que Miguel Ángel Ramírez fue administrador único hasta abril de este mismo año. También lo es de Marservi, también controlada por Redondo.
Además, el empresario canario está vinculado con las cuatro empresas de esta patronal, hasta el punto de que fue administrador único de dos de ellas, Power Sic y Seguridad Integral Canaria, y dejó de serlo en noviembre de 2011, con sólo un día de diferencia. En cuanto a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, basta con ver como administradora única a Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur Canarias y de Marservi.
Según se deduce de la información del registro, Acosepri está formada por cuatro empresas relacionadas estrechamente con Ramírez, y dos de ellas han venido adjudicándose muchos contratos públicos en Madrid a costa de unos salarios miserables.
Campeona de la precarización
Mercedes Gallizo, del grupo parlamentario socialista, denunciaba en la Asamblea de Madrid que Marsegur «es campeona en la precarización del salario de sus trabajadores», con un salario base de 726 euros mensuales y el tope bruto anual, de 10.768 euros, un 32 por ciento por debajo del convenio del sector.
Asimismo, recordaba que Ramírez «fue condenado a pagar más de seis millones de euros a sus empleados porque el Tribunal Supremo anuló una rebaja salarial que les hizo y que pactó con un supuesto sindicato formado por jefes y mandos intermedios de la empresa; una empresa que está siendo investigada por un posible fraude a la Seguridad Social, por pagar las horas extraordinarias como dietas».
Insistió, asimismo, en que Ramírez «está en otros sumarios imputado por cohecho, estafa, apropiación indebida y en 2011 fue condenado a tres años por delito urbanístico y luego indultado por el Gobierno –el Supremo anularía después este indulto-«.
