El 2016 ha sido, probablemente, el año más extraño que ha vivido la política española desde la reinstauración de la democracia en 1978. Con dos convocatorias electorales en seis meses, algo inédito en nuestra reciente historia y una legislatura, la undécima, que pasará a los libros como un período infértil en el que viejos y nuevos actores parlamentarios se deshicieron entre ellos, sin posibilidad alguna de lograr un acuerdo que desbloqueara la ingobernable aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas mientras un presidente en funciones dejaba hacer, con su habitual inmovilidad, para consguir elevarse después victorioso sobre los despojos de la batalla política.
20-D: caos postelectoral
El 20 de diciembre de 2015, los españoles fueron a votar conscientes de que, fueran cuáles fueran los resultados, el tradicional bipartidismo de nuestra reciente historia política había muerto. Y el veredicto de las urnas fue, no por esperado, menos endiablado de administrar. 123 diputados para un PP que se dejó 62 escaños, tras sufrir en los últimos años de la décima legislatura un calvario de corrupción en sus tradicionales feudos de Madrid y Valencia.
Al PSOE, que arrastraba también el gravísimo caso de los ERE andaluces, no le fue mucho mejor y sus magros 90 escaños, a pesar de hacer exclamar a su inexperto líder Pedro Sánchez que constituían un resultado histórico, hundieron el suelo electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 y dejaron al principal partido de la izquierda española desarbolado y a merced de la nueva izquierda radical de Podemos y sus 71 parlamentarios que amenazaban con liquidar sus 137 años de historia. El cuarto actor, Ciudadanos, nuevo también como Podemos, se llevó 40 parlamentarios en lo que podía calificarse de un éxito para una formación nueva y centrista que partía de cero a nivel nacional.
A pesar de ese carácter de cuarto actor, Albert Rivera consiguió sacar petróleo de sus 40 asientos en el Congreso y se convirtió en la ‘llave naranja’. Pero, sorprendentemente para algunos, prefirió entenderse con Pedro Sánchez antes que con el presidente en funciones. Y así, ambas formaciones sellaron el 28 de febrero el llamado ‘Pacto del Abrazo’. Un documento de 66 folios que Rajoy se apresuró a ridiculizar calificándolo de ‘sainete’ y que tan solo conseguió sumar 131 escaños. Insuficientes para investir a Sánchez, perdedor de las elecciones, como nuevo presidente del Gobierno.
Un entendimiento entre el PSOE y C’s que no fue más que la consecuencia del controvertido episodio vivido en Zarzuela el 22 de enero, cuando Mariano Rajoy se presentó ante el Rey para expresarle su negativa a presentarse a esa investidura, la primera del año, por carecer de apoyos suficientes -solo sus 123 diputados-. Genial para algunos, bochornoso para otros. No cabe duda de que la jugada, mal entendida al principio, resultó clave en el devenir posterior de los acontecimientos políticos.
En 2016 la corrupción política siguió gozando de buena salud.
La inesperada muerte de la senadora y exalcaldesa popular de Valencia durante 24 años, Rita Barberá, a finales de noviembre, sola, en un hotel de Madrid y apenas un día y medio después de prestar declaración en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el ‘caso Taula’, marcó un dramático hito en la historia de la corrupción política en España.
Fue un año extraño este 2016, en el que perdieron la vida varias personas relacionadas presuntamente, de una u otra forma, con la llamada trama ‘Gürtel’: Leopoldo Gómez, exarquitecto municipal de Pozuelo de Alarcón, Isidro Cuberos, antiguo hombre de confianza de Javier Arenas en materia de medios de comunicación y clave, según algunos, para entender algunos aspectos de la trama ‘Gürtel’ en Andalucía, Francisco Yáñez, amigo personal de Luis Bárcenas o María del Mar Rodríguez Alonso, esposa del senador popular Tomás Burgos, imputada tras ser investigada judicialmente por la supuesta relación de su empresa con la citada trama.
Si a eso unimos los accidentes domésticos del anciano extesorero popular Álvaro Lapuerta o las indisposiciones estomacales de Luis Bárcenas durante su estancia en prisión, completamos un cuadro más que sospechoso.
No le fue mucho mejor al PSOE que vio como dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, eran procesados en junio por un juez sevillano por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos -en el caso de Griñán- por el fraude de los ERE, el calificado ya por volumen dinerario como el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. Está por ver como le afecta al futuro político de Susana Díaz, eterna postulante desde hace más de dos años al sillón de secretaria General del PSOE. Los esfuerzos de Ciudadanos por crear una comisión en el Congreso que investigue la financiación del PP de momento se están viendo ralentizados por la mayoría gubernamental.
A pesar de todo, el ‘Pacto del Abrazo’ pudo haber fructificado si Pablo Iglesias hubiera prestado su abstención a una mayoría de centro-izquierda, desalojando a Mariano Rajoy del poder y convirtiendo al político gallego en el único presidente desde 1978 incapaz de repetir mandato. No ocurrió así. El líder de Podemos prefirió alinearse con el PP y votar ‘no’ a esa investidura, abocando a España a unas nuevas elecciones generales y firmando, sin sospecharlo entonces, la sentencia de muerte política del que, meses después, dejaría de ser secretario General del PSOE. Para algunos un error de dimensiones históricas -el de impedir un gobierno de izquierdas en España- que, en opinión de la totalidad los analistas de izquierdas no podemitas, Iglesias acabará pagando.
El 26-J y el ‘no es no’
Las segundas elecciones en seis meses, las del 26 de junio, no aclararon gran cosa el panorama político y volvieron a certificar que España estaba, podría decirse que fatalmente, partida en dos bloques casi idénticos: el identificado con la derecha, PP y Ciudadanos y el de la izquierda, nutrido por el PSOE y Unidos Podemos, además de la tradicional amalgama de grupúsculos nacionalistas.
El PP mejoró ostensiblementre sus resultados y, con 137 parlamentarios, seguía sin contar con mayoría desahogada para gobernar pero tenía la legitimidad que le confería una distancia de 52 escaños respecto al segundo, un PSOE que con 85 diputados seguía buscando el fondo del sótano. Podemos, que demoscópicamente llegó a acariciar el ‘sorpasso’ (será materia de un artículo posterior el explicar el gran fiasco de las empresas de sondeos en España) se presentó en comunión con IU y obtuvó exactamente el mismo resultado, 69 parlamentarios más los dos de Alberto Garzón, 71, aunque se dejó en el viaje más de un millón de votos. Ciudadanos apenas recortó unas décimas su resultado, pero la perversa para ellos Ley D’Hont les hizo perder 8 escaños y pasar de 40 a 32. Apenas unos centenares de votos en provincias como Lugo o Salamanca tuvieron la culpa.
Mariano Rajoy, ya con la legitimidad moral de ser el claro favorito de los españoles, dijo que sí esta vez al jefe del Estado y obtuvo, tras un minucioso acuerdo de 150 medidas de ineludible aplicación con los de Rivera, el voto favorable de Ciudadanos. 169 escaños más el de la canaria, Ana Oramas, 170. Insuficiente todavía, eso sí. Debió aún esperar a una segunda votación.
‘Golpe de Estado’ en Ferraz
No nos lo hemos inventado. Así lo llamaron los ‘pedristas’. Con un PSOE irrmediablemente partido en dos, el 1 de octubre tenía lugar un tormentoso Comité Federal en el que, entre gritos y conatos incluso de agresiones físicas entre algunos partidarios de Sánchez y de la presidenta andaluza (que acabó llorando), el joven líder -el del ‘no es no’ a Rajoy- fue destituído y su Ejecutiva sustituida por una gestora presidida por el presidente asturiano Javier Fernández, asistido por el auténtico ‘cerebro gris’ en la sombra de Susana Díaz, Mario Jiménez. Una gestora que dio luz verde a la abstención -por sentido de Estado- de los socialistas en la segunda votación a la investidura de Rajoy lo que propició que el gallego pudiera por fin obtener la confianza de la cámara y ser proclamado, el de … presidente del Gobierno a todos los efectos.
Los líos internos en Podemos, con un partido fracturado en dos entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’, el cansino pero, no por ello, menos preocupante desafío independentista catalán, las crecientes críticas a la errática gestión del equipo de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y los congresos pendientes para los próximos meses en los dos grandes partidos, PP y PSOE, más el de Ciudadanos a celebrar en febrero y la asamblea de Podemos durante el mismo mes en el Palacio de Vista Alegre de Madrid rematan un año tremendamente intenso. 2016 termina, en fin, con más estabilidad institucional que hace dos meses pero con la duda de si la legislatura recién iniciada será corta o sobrevivirá los cuatro años que constituyen su duración natural.
